Cuando se habla de la Ley 21.719, casi todos miran el monto de la multa. Pero el régimen de sanciones es más amplio que una cifra: incluye cómo se clasifican las infracciones, qué castigos adicionales existen y cómo eso queda registrado públicamente. Entender el sistema completo te ayuda a dimensionar el riesgo real.
Cómo funciona el régimen de sanciones de la Ley 21.719
El régimen sancionatorio de la Ley 21.719 es mucho más severo que el de la antigua Ley 19.628. Su lógica es escalonada: la gravedad de la infracción determina el tope de la multa, y a eso pueden sumarse sanciones accesorias y la publicación de la resolución. Lo aplica la Agencia de Protección de Datos Personales tras un procedimiento administrativo.
Las tres categorías de infracciones
La ley ordena las infracciones en tres niveles, según su impacto sobre los derechos de las personas:
| Categoría | Tope de multa | Ejemplos generales de conducta* |
|---|---|---|
| Leve | Hasta 5.000 UTM | Incumplimientos formales o de menor impacto |
| Grave | Hasta 10.000 UTM | Tratar datos sin base legal; no atender derechos |
| Gravísima | Hasta 20.000 UTM | Tratamiento ilícito de datos sensibles; daño significativo |
*La calificación exacta de cada conducta depende del texto de la ley y de la graduación que haga la Agencia (verificar la tipificación específica en el articulado).
Las sanciones accesorias: más que dinero
Una multa no siempre es el único castigo. La Agencia puede imponer sanciones adicionales que afectan directamente la operación:
- Suspensión del tratamiento de datos (habitualmente hasta 30 días — verificar alcance).
- Prohibición temporal o definitiva de ciertos tratamientos.
- Publicación de la resolución sancionatoria.
- Inscripción en el Registro Nacional de Sanciones, visible por hasta 5 años.
Para muchas empresas, no poder tratar datos durante semanas o aparecer en un registro público puede doler más que la multa misma.
El Registro Nacional de Sanciones y el golpe reputacional
Las sanciones quedan inscritas en un Registro Nacional de Sanciones por hasta 5 años. Eso significa que clientes, proveedores, socios y competidores pueden ver que tu empresa fue sancionada. En contextos B2B y de licitaciones, ese antecedente puede cerrar puertas. El daño reputacional es, muchas veces, la consecuencia más costosa a largo plazo.
Cómo se gradúa la sanción
La Agencia no aplica el tope de forma automática. Para fijar la sanción considera la naturaleza de la infracción, la intencionalidad, el daño causado, la capacidad económica de la organización y la existencia de reincidencia, atenuantes o agravantes. En reincidencia de infracciones graves o gravísimas, las empresas que no son de menor tamaño pueden enfrentar hasta el 2% o 4% de sus ingresos anuales.
Conclusión
El régimen de sanciones de la Ley 21.719 no se reduce a una multa: combina montos de hasta 20.000 UTM con suspensiones, prohibiciones y un registro público que dura 5 años. El riesgo es financiero y también reputacional, y empieza a aplicarse en diciembre de 2026. Puedes evaluar tu exposición sancionatoria y ordenar tu cumplimiento acá.